Durante seis décadas de conflicto al menos 80.000 colombianos han sido víctimas de desaparición forzada según cifras oficiales establecidas por el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, sin embargo, ONGs defensoras de derechos humanos, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) calculan la cantidad en hasta 99mil personas, tomando en cuenta relatos de comunidades, informes públicos de movimientos sociales, de medios y organizaciones de víctimas. 
Debido a la magnitud del fenómeno, a la cooptación de las entidades judiciales y las encargadas de la construcción del relato de memoria histórica por parte de personas afines a la doctrina negacionista y a la naturaleza misma del crimen, que pretende el “ocultamiento de los cuerpos”, es virtualmente imposible llegar a una cifra definitiva, pero estos esfuerzos colectivos han permitido identificar patrones y determinar de esta manera a los máximos responsables de este flagelo (paramilitares, guerrillas, bandas de crimen organizado, y en un alto porcentaje también el Estado) y sus principales víctimas (sindicalistas, estudiantes, población de sectores vulnerables y marginalizados y defensores de derechos humanos).
A pesar de que el Instituto Colombiano de Medicina Legal documenta el primer caso de desaparición en el año 1930, es solo hasta el año 2000 que la desaparición forzada de personas es tipificada en el código penal colombiano como delito, pese a esto las cifras se dispararon durante las siguientes dos décadas, según datos manejados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP / PPP), y la dolorosa actualidad del fenómeno se evidencia en el número de desapariciones forzadas registradas durante el reciente Paro Nacional del año 2021.
La desaparición, como labor de pedagogía perversa del horror llevada a cabo por parte de los actores armados, tiene víctimas directas e indirectas: arrebata la identidad del ser pensante y sensible, fractura el tejido social de comunidades y vulnera la dignidad de quienes esperan en medio de la incertidumbre, al negarles la posibilidad de elaborar adecuadamente el duelo ante el dolor que produce la ausencia de su ser amado. Además, a la revictimización contribuyen la desidia e inoperancia judicial y la ineficiencia del Estado para ejecutar adecuadamente los mecanismos de prevención, búsqueda, memoria y reparación.